EN LO INSTITUCIONAL

Considero que en los aspectos institucionales se logró mucho. En algo tan crucial como que el Proceso Militar respetara la independencia de la Justicia, cierto es que en esto fue de inestimable ayuda el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.

También fue importante la prédica por el presupuesto, pero, por distintas razones lamentablemente fue mal usado: para subir los salarios casi exclusivamente. 

Nuestros planteos, sin duda, realzaron el rol de la Corte Suprema: el cuerpo fue adquiriendo más estatura institucional pero al mismo tiempo, ello mismo provocó que los poderes políticos 'operaran' sobre ella, sea sumando más jueces o presionando. 

Una de tales operaciones fue la creación del Consejo de la Magistratura que, más que mejorar la independencia, se apuntó a un recorte de poder del Alto Tribunal (algunos hablaban de horizontalizar al Poder Judicial).  La advertencias de fores sobre el Consejo de la Magistratura no sirvieron de nada, y hoy continúa siendo una institución nefasta, un caballo de Troya y algo contra natura que se insertó en el Poder Judicial. Tiene mucho que ver con la politización de la Justicia. 

Fué muy positiva la prédica de fores en la implantación del sistema acusatorio, en la creación del Ministerio Público y en la separación del MP de la Defensa del MPF: esto fue un resultado directo del Proyecto Justicia para Todos, de fines de los '80 y principios de los '90. 

RECURSOS HUMANOS

En lo que hace a la formación de abogados (algunos serán los futuros jueces) la crítica y sobre todo, la experimentación a través del PEA sirvió tuvo como consecuencias directa las reformas introducidos en 1984 en la principal Facultad de Derecho del país, la de la UBA, en los planes de estudio (mucho) y en los métodos (algo). 

Y tuvo  de mucho en algunas de la nuevas Facultades de Derecho, las mejores, y luego algo repercutió sobre las oficiales. En 2015 se hizo un mal intento de avanzar en la separación del título académico de la habilitación profesional, pero por falta de convicción fue un fracaso.

FUNCIONAL

Muy importante fue el aporte de fores de producir los primeros estudios empíricos sobre la Justicia, y de utilizarlos con fines prácticos y para proponer y sustentar políticos de mejoramiento.

En lo funcional de la Corte todos los estudios empíricos y estudios de reingeniería fueron ignorados y hoy - a 50 años de que comenzaran esos trabajos - esta sumida en una profunda crisis. 

En lo organizativo se ha logrado poco y nada. En el sistema penal se avanzó sensiblemente, así como en la implantación de jurados, pero se ha trabajado sin información de tal forma que es posible anticipar un colapso si no se toman medidas urgentes.

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Un lector me consigna que advierte desbalanceado en este relato los primeros 30 años con los últimos veinte. Me parece una crítica interesante y cierta. Pero quizás las circunstancias lo imponen: no veo en los últimos años propuestas importantes y con impacto, nada igual a los primeros años, hasta 2005 por ej.  Veamos.

El período de los ‘investigadores’ (2004/5 hasta 2014) fue muy malo para fores, porque teníamos gente dedicadas, muy legítimamente aclaro, a hacer sus trabajos por los que le remuneraban, y quizás se perdió el foco de la razón de la existencia de la institución. 

Por ej. en una Asamblea anual el Director Ejecutivo de fores hizo una exposición sobre los resultados del año y los limitó a lo económico: parecía la asamblea de una empresa comercial: hasta ese punto se había perdido el rumbo.

El interés de los investigadores hacía que no había que criticar a nadie ni nada, porque dependíamos de los proyectos que no podíamos poner la fecha de fundación de fores era malo que se nos contagiara con el proceso (teníamos que festejar en secreto), y otras barbaridades. Es cierto que la tarea de los investigadores sirvieron para mantener financieramente a fores, pero en forma vegetativa. 

Luego, hubo proyectos que no fueron ideas mías,

-        El Premio a la Excelencia fue muy positivo

-        La Agenda anotada fue muy buena idea, pero no estoy de acuerdo con las propuestas. Quizás porque no estuvo bien encarado Justicia 2020 no dejó mucho.

-        La contracomisión de la Comisión Beraldi (2020) fue una buena idea, pero medianamente concretada y muy poco publicitada. 

- Es importante lo referido a 'justicia y corrupción' y el trabajo que se está haciendo con la OEA. El tema, empero, estuvo planteado por fores décadas atrás.

Estos son hechos, y por ello, la opinión queda desbalanceada, aunque ponga en evidencia.

Lo institucional (la tesis del Nobel de Economía 2024)

Creo importante mencionar aquellas metas que no hemos logrado nada. Quizás el más importante,  por su repercusión por el país, es cuando hablamos de la influencia de la Justicia sobre la Economía y la Seguridad Jurídica. Durante Menem, en que insistimos mucho sobre el tema, no se le dió importancia. La Argentina lograba buenas puntuaciones en todos los indicadores económicos, pero nunca llegó al investment grade por sus malas notas en lo institucional. Durante la década se machacó sobre el tema. En 1994 la Asociación de Bancos Argentinos convocó a un Concurso sobre la Seguridad Jurídica, en el que presentó un paper sobre 'Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico" con la colaboración de Horacio Suarez Bidondo y Vasallo, economista. El trabajo incluía un intento de medición de la seguridad jurídica en la Argentina enuna serie de tiempo desde 1930 hasta 19893, que luego fué presentado en un Congreso de Econometría en Tucumán. Luego la Asociación Empresaria Argentina (AEA) nos requirió un trabajo en conjunto con el CACBA, sobre el mismo tema. Casi por la misma fecha dirigí un estudio en conjunto entre fores, la Fraser Foundation de Canadá,  y la Tinker Foundation de los EE.UU. sobre "Justicia y Empresas". En fin fue un tema - hoy de moda por el reciente premio Nobel 2024 a dos economistas que han trabajado el tema con gran profundidad- es una confirmación de que la posición que sostuvimos estaba en lo correcto. 

En lo humano

Abogacía

No conseguimos que se comprendiera la necesidad de trabajarpor mejorar la abogacía, como camino para obtener mejores jueces

Escuela Judicial, sistema de selección de Jueces

Pese a nuestra insistencia, 

El control de la actividad de los jueces

Tampoco funcionó.

Planteamos, sin ninguna suerte, el tema de ingreso 'democrático al Poder Judicial, muchos años antes de que CFK lo pidiera. 

En lo funcional / La Justicia Inmediata (de Menor cuantía)

Recuerdo que una funcionaria de una institución internacional, nos decía con un poco de sorna y mucha razón: "Cómo pretenden Uds. reformar la justicia si ni siquiera han conseguido cambiar el horario de los tribunales". Absolutamente cierto. 

Para comparar y verificar las afirmaciones anteriores, ensayo una 'auditoría' resumida de la situación de la Justicia argentina en 2025 al cumplirse el primer cuarto del siglo XXI 

URGENCIA DEL PROBLEMA , CRISIS DE LEGITIMIDAD

• En tres índices internacionales, la justicia argentina está rankeada muy por debajo de la media, entre el puesto 60 al 100.

• Es correcto: nuestra Justicia no cumple aceptablemente su función.

• No funciona como sistema: se desempeñan aceptablemente algunos jueces y tribunales, pero no como sistema integral.

• No es previsible ni confiable, no cumple una función disuasiva, no alcanza niveles mínimos, no es una institución respetada, no se la toma en serio.

• La Justicia hoy no disuade, no se cumple la acción positiva de la Justicia que implica su sola existencia: la mera posibilidad de terminar rápidamente un conflicto o de ser inmediatamente condenado es la principal presión de los hombres para conducirse correctamente; aquí es indistinto cumplir o no las leyes.

• La situación actual no es nueva: viene desde décadas con tendencia declinante y ahora solo se ha hecho más visible.

• La reforma constitucional de 1994 no acertó en sus recetas para mejorar la Justicia y bajo la administración K, el deterioro explotó.

• No hay voluntad de cambio en los directivos del sistema : la Corte, el Consejo de la Magistratura y la Procuración.

• La Justicia es impotente para mejorarse por sí misma, y no hay planes para enfrentar esta situación inédita de una institución con enfermedad terminal que con los remedios actuales no puede ser rescatada

• Y, además, hoy un Poder dividido en facciones, puros e impuros; es gravísimo pensar que exista una Justicia digna de tal nombre con un sector que se considera republicano, y otro, legítimo.

• Para peor hay corrupción en el sistema judicial;

• Hay mala praxis detectada en la Justicia, encabezada, entre otros males, por una irregular delegación de funciones.

• El mayor reclamo de la sociedad actual es la seguridad física: hay que actuar de inmediato.

• Y el futuro del país reclama por la seguridad jurídica, indispensable para inversiones sanas.

• Desde hace tres décadas el Poder Judicial tiene más presencia institucional, pero ello solo ha potenciado su mala imagen.

• La Justicia hoy es una institución atravesada por una doble maldición: la letal combinación de la ‘politización de las Justicia’ y la ‘judicialización de la política’.

• También la Justicia está impregnada de un mal entendido corporativismo.

• Y en las últimas dos décadas se ha agravado un problema – el indeseado ‘gobierno de los jueces’ – especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994 que desató el festival de amparos erga omnes .

CONSECUENCIAS

• Además de los flagelos de la inseguridad física y de la droga, de la corrupción, de los DDHH mínimos, de la inseguridad jurídica, la Justicia es principal responsable de otros grandes males del país como la anomia, la falta de respeto y desprecio a la ley y al ‘gobierno de las leyes’, y, también, el desprecio por la autoridad, otro de los grandes problemas del país.

• La sociedad descuidó a la Justicia.

• Las fuerzas políticas, en actitud suicida, también la descuidan y operan sobre la justicia, anteponen sus intereses a cualquier intento de mejorar, sin advertir que sin Justicia nos quedamos sin República.

• Hoy la Justicia es una institución acorazada, una institución corporativa en el peor de los conceptos.

LOS HOMBRES DE LA JUSTICIA

Tenemos los recursos humanos tan buenos como cualquier país del mundo, pero no un sistema de selección que detecte los mejores.

• Hay buenos jueces y buenos juzgados, pero son piezas artesanales y raras en un sistema destruido.

• Hay que definir un perfil del juez argentino.

• La familia judicial debe dejar de favorecer a los suyos.

• Hay que cambiar el sistema de concursos en el Consejo de la Magistratura por un curso anual en la Escuela Judicial.

• Los jueces deben estar correctamente controlados en lo específico de su función: hay que mejorar el sistema de control, castigo sanciones y separación.

• Hay que revalorizar el Tribunal de Enjuiciamiento.

• Los fiscales no son jueces, debemos tener verdaderos fiscales: In dubio pro acusar.

• La abogacía es también parte de la crisis.

• Es imperioso imponer la formación ética en la carrera y en la incorporación y permanencia en la matrícula, y también la Formación Legal Continua. Deben reforzarse también los controles.

• Hay sobreabundancia de abogados con nefastas consecuencias.

• Hay que separar el título académico de la habilitación profesional, como ocurre en todo el mundo.

• Los empleados y auxiliares: debe democratizarse el acceso al poder judicial en las etapas iniciales y priorizarel ingreso de los mejores.

INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN

• La Justicia sigue con estructura, formas y procesos del siglo XIX: de la lapicera pasamos a la máquina de escribir y luego a las PC, pero son cambios formales y no sustanciales.

• Pero no trabaja como en aquella época, 8 hs., como toda la administración pública (10/18 hs.) . Hace dos o tres décadas pasó al horario de mañana, (7/13 hs.) y luego se congeló allí, y hoy se trabaja 6 hs.

• Además, luego de la pandemia continuó trabajando ‘en burbuja’ y hoy ni siquiera se concurre: se trabaja a distancia.

Plan Justicia - HML

• Nuestra Justicia usa y abusa de la delegación de funciones de los titulares en los inferiores, prácticamente en todas las instancias, comenzando por la Corte Suprema – es el peor ejemplo – y en todas las jurisdicciones. un tribunal como la Corte Suprema no puede sacar 10 sentencias por día; un Juzgado comercial no puede tramitar miles de expedientes.

• La litigiosidad y la autoinducida congestión de los Juzgados contribuyen a la congestión.

• Hay errores que no se estudian: por ej. el problema de la perención de instancia como factor de demoras; por qué un juzgado es más eficiente que otro, el costo promedio de los juicios al Estado.

• La informatización está hoy retrasada y es precaria: no provee información básica sobre la marcha de la institución estuvo mal diseñada: estuvo desde el inicio pensada como una ayuda para empleados y funcionarios, y nó en beneficio del sistema.

• Nunca estuvo planificada para proveer información al público, y a las cabezas del sistema

PRESUPUESTO: UNO DE LOS MISTERIOS MEJOR GUARDADES DEL PAÍS ES CUANTO GANAN LOS JUECES Y QUIÉN Y CUÁNTOS PAGAN IMPUESTOS

• El presupuesto del Poder Judicial ha aumentado astronómicamente a partir de los ‘90 del s. XX, y se ha entregado su administración a la dirección del Poder Judicial, con el resultado que más del 90% se ha dedica a salarios.

• Y el presupuesto total actual son $338,000 MM de los que el 90/95% se dedica a salarios. De forma tal que la auto gestión del Poder Judicial, no han logrado otras mejores que sus propios salarios

• La autogestión del Presupuesto por el Poder Judicial ha sido incorrecta y debe ser revisadas.

• Debe mejorarse la eficiencia, antes de pensar en aumentar el presupuesto.

EL ROL DEL ESTADO

• Los tres poderes irregularmente operan sobre la Justicia. El Judicial en parte porque es su función, pero muchas veces olvida que los intereses de la República están aún por encima de los suyos. Y los otros porque naturalmente el PJ impone controles que siempre molestan.

• Debe haber una cooperación mutua para lograr un poder respetado, prestigioso ….. y neutral.

• La Justicia no está sobre la República: es uno de sus pilares.

• Debe redefinirse el ‘status legal’ del Estado Argentino. El Estado es el principal litigante. Hay equivocados conceptos sobre que es bueno para el país que el Estado – que es de todos y de nadie – goce de determinados privilegios, como aporte al bien común.

OTRAS INSTITUCIONES

• El Ministerio de Justicia debe ser repensado. De una pequeña institución – a veces con rango de secretaría en un pequeño edificio - se convirtió en un instrumento para atacar y amedrentar a la Justicia.

• Asociaciones de Magistrados y de Abogados equivocan sus fines o los ponen por delante sus fines a los de la Justicia.

• Y también el panorama actual es funcional a muchos grandes personajes e instituciones que, sin necesidad de actuar en forma irregular, pueden sortear los inconvenientes y salir airosos.

• Inclusive aprovechar para si y sus clientes, las debilidades el Muchas veces quienes podrían influir, no tienen interés en que nada cambie - aunque fuera para mejor – pues en esta situación ellos pueden distinguirse .

• Un síntoma del deterioro de la situación es que existan los llamados ‘operadores judiciales’ y que se les de una ‘carta de ciudadanía’ como si fuera algo normal y que no se advierta la gravedad que implica.

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PLANES, CONCLUSIONES

• No hay soluciones parciales, los parches no sirven.

• Es necesario un plan integral, lo que no implica hacer todo al mismo tiempo, sino trabajar en todos los temas en forma coordinada

• El problema de la Justicia ya no es solo cuestión de presupuesto: desde 2004 se ha triplicado, pero sin mejoras apreciables, salvo en los salarios de jueces, funcionarios y empleados.

• Hay que hacer investigación empírica; muchas alternativas se resuelven con datos. En este aspecto algo se ha mejorado en los últimos años, pero los datos y estadísticas no se estudian.

• Hoy no hay planes adecuados a la insoportable realidad de una institución en la que sus operadores tienen una errada concepción (creen que es para ellos) y atrapada por las corporaciones

• En mi interpretación, los esfuerzos del plan JUSTICIA 2020 no alcanzaron tantos objetvos en tantno no contemplaron la integralidad y la elaboración de conceptos que aquí se propugna.

• Hay escollos enormes: al factor corporativo se agrega la creencia de que el sistema existe, antes que nada, en beneficio de sus operadores.

• No hay posibilidad, ni es solución, una reforma drástica ‘a la Rodríguez Saa’: tiene que haber soluciones constitucionalmente admisibles o reformar la Constitución, (en los ‘90 este gobernador de San Luis puso en comisión a todo el Poder Judicial, lo ‘reordenó’, y luego lo mantuvo cerrado durante dos años).

• Las soluciones voluntaristas: “hay que esperar una o dos generaciones” no funcionarán porque el simple paso de las generaciones no asegura nada si no se trabaja para el cambio. Las nuevas generaciones no cambiarán el estado de situación por el sólo transcurso del tiempo: serán “vino nuevo en odres viejos”

• Las soluciones simplistas – “una vez que se disciplinemos a unos cuantos jueces, los otros van a hacer buena letra” – (¡aparte de lo criticable de la expresión!). ignoran la naturaleza y profundidad de los males actuales

San Isidro, 26 de marzo de 2025

GENESIS DEL FORES

1. Entorno institucional.

El FORES fue fundado por un grupo de jóvenes abogados en el año 1976 con el propósito de bregar por el mejoramiento de nuestro sistema judicial mediante la adopción de un plan de reformas integral que supere los intentos que, hasta ese año, se habían realizado limitados a la modificación de las leyes procesales, el aumento de órganos judiciales o la modificación de competencias. Pensábamos que nuestra Justicia requería un cambio profundo para evitar que, poco a poco, perdiera la confianza de la ciudadanía y dejara de ser una institución idónea para solucionar los conflictos. Además, considerábamos que el Poder Judicial, si bien tenía en esa época prestigio y calidad doctrinaria, tradicionalmente no había cumplido el papel que la Constitución le reservaba como Poder del Estado destinado a controlar el funcionamiento del Ejecutivo y el Legislativo. Ya desde esa época considerábamos que existía una falencia importante en este aspecto lo cual, según nuestro modo de pensar, tenía alguna responsabilidad en la crónica inestabilidad política que aquejaba a la Argentina desde 1930 en adelante.

Conviene echar una mirada a la situación que vivía el país por entonces. En marzo de 1976 se había producido el golpe militar que destituyo a la presidente de la Nación la Sra. Maria Estela Martínez de Perón. Nuevamente se vivía la frustración del fracaso de las instituciones republicanas que desembocó en la toma del poder por las Fuerzas Armadas. El fenómeno no era nuevo ni impredecible. Tampoco ocurrió como una asonada exclusivamente militar sino que fue apoyado y consentido por los distintos sectores políticos y sociales. Las Fuerzas Armadas se instalaron en el Poder sin resistencia alguna de sectores civiles ni manifestaciones que pudieran hacer pensar en un golpe de Estado sorpresivo o impopular.

No fue un fenómeno diferente en su génesis a la serie de revoluciones militares triunfantes ocurridas desde 1930 hasta ese año 1976. Antes del primero de esos años y desde la época de la organización nacional cada etapa institucional signada por el cambio del gobierno o la crisis social o económica del sistema, había sido acompañada por asonadas o levantamientos cívico militares siempre derrotados aunque dejaban sus secuelas. Estas reacciones contra las instituciones desgraciadamente formaban parte de nuestras costumbres políticas como en otros países de Latino América que contribuían a degradar nuestras instituciones.

Pero el golpe militar de 1976 tuvo un ingrediente decisivo cuyas secuelas todavía no han sido superadas: la violencia armada instalada en la Argentina desde fines de la década del sesenta y que había persistido durante los seis años anteriores al golpe militar.

Es una tarea compleja y delicada intentar describir las causas del fenómeno de la violencia en la Argentina sin dejarse llevar por posturas ideológicas o perder la necesaria objetividad para realizar un juicio de valor ecuánime.

Sin duda en la Argentina de entonces había causas para la rebeldía. Desde el golpe triunfante ocurrido en 1930 la calidad institucional se fue degradando poco a poco. Primero mediante el fraude electoral, luego por la demagogia populista y la dictadura, para desembocar en la proscripción del peronismo y en un estado de rebelión latente de las Fuerzas Armadas propiciada siempre por sectores civiles que veían en ellas la forma de acceder al poder cuando los resultados electorales u otras circunstancias se lo impedían. Todos los sectores sociales y partidos políticos en alguna etapa conspiraron e incitaron a las Fuerzas Armadas a tomar el Poder colaborando con sus hombres en los gobiernos instalados por éstas. El golpe militar de 1976 no fue una excepción ya que se produjo luego que fracasaron todos los intentos de encontrar una salida institucional, entre ellos la promoción del juicio político contra la presidente, propiciado por un sector disidente del peronismo pero que no contó con el apoyo en la Cámara de Diputados ni de los legisladores del oficialismo ni la oposición.

No obstante, el ingrediente de la violencia armada presagiaba épocas difíciles y dolorosas. Las organizaciones terroristas de izquierda eran las principales protagonistas de una escalada violenta que, luego de un período de preparación signada por diversos operativos tendientes a apoderarse de armamento y recursos económicos para su lucha, protagonizaron episodios cruentos y golpes de mano que aumentaron su importancia con el correr de los años. El secuestro del General Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en mayo de 1969, fue quizás el punta pié inicial de este proceso y el bautismo de fuego de la organización Montoneros, representativa de la izquierda peronista a la cual convergieron diversas agrupaciones menores que preconizaban la resistencia armada y que, en ese entonces, eran apoyadas por el General Perón desde el exilio y por una amplio sector de su partido. No hubo una reacción clara y terminante contra estos episodios ni tampoco una condena al accionar delictivo de estas agrupaciones que reivindicaban sus hechos como episodios legítimos enmarcados en el derecho a la resistencia a la opresión. Junto a las organizaciones armadas del peronismo se encontraban las provenientes de la izquierda marxista, como el ERP que, además de ser participes en la guerrilla urbana caracterizada por secuestros, asesinatos y actos terroristas tendientes a sembrar el miedo y la desesperación respecto de las soluciones legales, llevaron adelante copamientos de territorios en la Provincia del Tucumán siguiendo la táctica del “foco” propiciada por el Che Guevara, según la cual el triunfo vendría asegurando la subversión en un territorio delimitado que permitiera crear un estado revolucionario a fin de lograr luego el reconocimiento internacional como beligerantes.[1]

Dentro del peronismo, la reacción violenta de la extrema derecho no se hizo esperar. Frente a los ataques de los montoneros a sindicalistas y políticos tildados de traidores, aparecieron organizaciones terroristas de derecha que devolvían golpe por golpe. El final del gobierno militar del general Lanusse, que buscaba una salida democrática transcurrió regado por la sangre de empresarios, militares, policías, políticos, empresarios, sindicalistas y guerrilleros de todas las tendencias. No obstante, en ese período se realizó el último intento de combatir la violencia terrorista por medio de la ley. A instancias del entonces Ministro de Justicia Jaques Perriaux, se creó la Cámara Federal y se dictó una ley procesal penal tendiente a facilitar la investigación de los delitos subversivos y el juzgamiento de los mismos asegurando la garantía del debido proceso a los imputados. Este Tribunal de Justicia actuó con imparcialidad y eficacia lográndose, al promediar el año 1972, haber esclarecido numerosos hechos delictivos en virtud de los cuales los principales cabecillas de las organizaciones terroristas se encontraban condenados a prisión.

Pero la radicalización política y el fracaso del gobierno de entonces llevaron al triunfo electoral del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) donde convergían los partidos populares de centro izquierda y las distintas expresiones de la lucha armada enquistadas en el movimiento peronista. En 1973 asumió el poder el candidato de esta fracción y sus primeros actos fueron dictar una ley de amnistía amplia, la disolución de la Cámara Federal y una ley de jubilaciones para magistrados y funcionarios de la Justicia que, junto con la amenaza de quebrar la estabilidad de los jueces mediante la caducidad de los acuerdos senatoriales y la negativa a prestarlos a quienes habían sido nombrados durante el período 1966-1973, permitió un vaciamiento de la Justicia que derivó en una verdadera impunidad respecto a todo acto delictivo que tuviera una motivación política directa o indirecta.

Las organizaciones terroristas no depusieron las armas a pesar de haberse instaurado un gobierno democrático. Continuaron los asesinatos y secuestros extorsivos. Murieron bajo las balas jueces probos como Quiroga y otros como Munilla Lacasa pudieron escapar y debieron exiliarse voluntariamente ante las amenazas y la impunidad.

El enfrentamiento cruento entre la izquierda y la derecha peronista fue desembozado y directo. La muestra final de esta guerra sin cuartel se vivió en los bosques de Ezeiza cuando volvía al país el General Perón. Una horrible matanza se produjo en las inmediaciones del palco oficial, donde elementos fuertemente armados que integraban organizaciones para policiales hicieron fuego sobre las columnas de las organizaciones especiales peronistas y de izquierda cuyos miembros concurrieron armados y dispuestos a batirse contra quienes ahora eran sus enemigos aunque compartían los cuadros del gobierno popular elegido en marzo de 1973[2]. Posteriormente, luego de la asunción del General Perón como presidente de la Nación, en septiembre de ese año, la ruptura del líder con las organizaciones que él mismo había propiciado desembocó en el anunció de la vuelta a la clandestinidad y a la lucha que se desarrolló con toda virulencia durante el gobierno de Isabel Perón. Desde el gobierno, la lucha no se canalizó por las vías legales sino que se llevó adelante mediante la actuación de organizaciones sindicales armadas o grupos para policiales como las tristemente celebres “tres A” que respondían al Ministro de Bienestar Social José López Rega.

Los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad eran uno de los principales objetivos de las organizaciones terroristas, aparte de los empresarios víctimas de secuestros extorsivos tendientes a recaudar fondos para continuar la lucha armada. Mientras tanto, la selva tucumana era testigo de una lucha armada directa entre el Ejército y las formaciones del ERP que habían asegurado el dominio sobre parte de la Provincia, donde exigían el pago de peaje y contribuciones a los habitantes de la zona.

En ese contexto se produjo el golpe militar de 1976. Las Fuerzas Armadas, obnubiladas por la situación que se vivía, equivocaron el camino y resolvieron combatir al terrorismo con los mismos medios. La ciudadanía quería y esperaba una solución del problema. Deseaba acabar con la inseguridad reinante por lo que, si bien no estaba totalmente enterada de los medios que se utilizaban en esa guerra fratricida, adoptó una postura prescindente esperando la pronta solución al problema.[3]

La destrucción de las vías legales de represión, la justificación a hechos claramente delictivos mediante la amnistía y la proliferación de organizaciones armadas que respondían a diferentes ideologías de izquierda y derecha, alimentaron la espiral del odio y la violencia que tuvieron su broche final en el período 1976-1979 cuando se resolvió aniquilar la guerrilla sin miramientos y fuera de la legalidad.

En ese contexto difícil, nació el FORES.

2. Qué nos unió a los fundadores

Quienes fundamos el FORES, en el año 1976 teníamos entre 25 y 32 años. No habíamos participado en el golpe militar ni ocupamos cargos públicos durante el denominado Proceso. Nos tocó actuar en esa época y procuramos realizar nuestro aporte para que la Argentina se reencauce por los caminos republicanos mediante el afianzamiento de sus instituciones. Ese era el objetivo que, en los papeles, proclamaba el gobierno militar.

Un análisis de la situación nos llevó al convencimiento de que el abandono de las vías legales producido en 1973 mediante la ley de amnistía y el vaciamiento de la Justicia, era la causa principal de lo que estaba ocurriendo. Pensábamos también, que nuestra Justicia antes de ese año tenía graves falencias cuyo efecto era la indiferencia de la ciudadanía respecto de su actuación, el desequilibrio de poderes y la constante inestabilidad y anomia frente a la ley. Éramos conscientes que teníamos excelentes jueces y funcionarios probos, pero esto no bastaba. La crónica inestabilidad del Poder Judicial y su sometimiento a los vaivenes políticos impedía que pudiera cumplir su papel dentro del equilibrio de Poderes querido por nuestra Constitucional dentro de un mecanismo de frenos y contrapesos en donde la Justicia pone el fiel de la balanza y la postura moderada frente a las pasiones propias de las luchas ideológicas y de partidos.

Veíamos que una Justicia con cierto grado de ineficiencia no estaba en condiciones tampoco de cumplir acabadamente con su rol de órgano de solución de conflictos, porque no tenía los medios necesarios para enfrentar los desafíos de la modernidad que ya estaba instalada.

A su vez, como hombres de Derecho, asumíamos la cuota de responsabilidad que nos cabía en esa situación. Considerábamos que el sistema judicial no se agotaba en los jueces y funcionarios sino que también estaba integrado por los abogados quienes debían cumplir su función de filtro, de primer juez de los asuntos que sus clientes le acercaban, permitiendo el buen funcionamiento del sistema. En este sentido considerábamos que las falencias de formación de los abogados y el exceso en su número agregaban una causa mas, y muy importante, en el paulatino deterioro de nuestra Justicia y su imagen frente a la ciudadanía.

Pensábamos también que había que instalar el tema de la Justicia entre las preocupaciones ciudadanas. Es así que predicábamos que los problemas del sistema judicial no eran estrictamente técnicos ni debían estar exclusivamente en manos de los hombres de derecho. Había que interesar a la ciudadanía y realizar un trabajo interdisciplinario para llevar adelante una reforma integral que nunca se había encarado.

3. Un plan integral de Reforma Judicial

El FORES nació con una idea fuerza a la cual dedicaba entonces y sigue dedicando sus mejores esfuerzos: la necesidad de adoptar un plan general de reforma judicial que supere los intentos aislados y estériles que habían sido moneda corriente en el campo de la administración de justicia.

Observamos en el año de nuestra fundación que el mejoramiento del sistema judicial tradicionalmente se había intentado por tres caminos: a) las reformas a los Códigos Procesales; b) el aumento de órganos judiciales en forma anárquica y sin objetivos claros cuando se incrementaba el trabajo de algún fuero (sin analizar las causas de ese incremento de tareas); c) la redistribución de competencias para aligerar algunos juzgados en detrimento de otros. Estas soluciones habían fracasado, a nuestro juicio, porque no respondían a un plan armónico e integral de reforma.

En el año 1976 Horacio M. Lynch escribió un artículo sobre las necesarias reformas al sistema judicial en la revista Jurisprudencia Argentina en el cual describió en forma sucinta pero completa los problemas de nuestra Justicia y las medidas que deberían tomarse para remediarlas.[4] Estas ideas fueron la base del posterior desarrollo del FORES en sus distintas publicaciones. Además constituyeron los planteos que luego fueron sometidos a discusión en la Primera y Segunda Conferencia sobre la Reforma Judicial realizadas en los años 1977 y 1978. Posteriormente el Dr. Lynch escribió otro artículo en la misma revista referido a la situación de la abogacía que complementaba las ideas del plan de reforma en el capítulo dedicado a esta profesión como punto indispensable en el plan de reformas[5].

El término Reforma Judicial, hoy tan en boga, fue acuñado por nuestra institución para designar un movimiento que buscara plantear y atacar todos los problemas que aquejan al sistema judicial mediante una serie de medidas armónicas, porque considerábamos y seguimos sosteniendo, que existe una clara y real interconexión entre ellos que imponen soluciones armónicas. Un ejemplo de ello fueron las reformas procesales: se habían dictado Códigos de Procedimientos que recogían la más moderna doctrina y que, en los papeles, indicaban que nuestros juicios deberían durar poco tiempo. Incluso había Códigos que imponían la oralidad en determinados asuntos, como los laborales o los derivados de la responsabilidad civil en la Provincia de Buenos Aires. No obstante, la realidad era muy diferente; a pesar de las reformas procesales los pleitos seguían tramitándose como a principios de siglo y en aquellas experiencias puntuales de oralidad los procedimientos eran mucho más lentos que los escritos o, incluso, terminaban tramitándose en forma escrita.

Acometimos la tarea de elaborar ese plan integral que hoy es bien conocido y que es utilizado –muchas veces sin criterios precisos- para proponer medidas parciales. Este plan se desarrolló sobre la base de tres aspectos o campos fundamentales: a) el humano; b) el administrativo funcional; c) el institucional, proponiendo medidas de corto, mediano y largo plazo en cada uno de ellos. Es materia de otro capítulo el desarrollo de estas ideas y la forma en que fueron presentándose mediante conferencias, reuniones y publicaciones, por lo que no abundaré ahora sobre el tema. Solo quiero resaltar que en el año 1979 ese abordaje era novedoso y, muchas veces, incomprendido[6].

4. La reacción del ambiente ante la actuación del FORES

Quienes fundamos el FORES, en 1979 éramos jóvenes. Teníamos una experiencia profesional de pocos años, pero habíamos recorrido ese corto camino con un espíritu crítico que nos llevó a replantear ideas que estaban muy arraigadas en los operadores del Derecho.

Éramos también excesivamente idealistas. Pensábamos que lo que decíamos era tan obvio que recibiría rápidamente el apoyo de todos los sectores. No contábamos con que la empresa que nos habíamos propuesto solo era posible luego de un profundo cambio cultural y eso no se logra en poco tiempo.

Desde la Justicia tuvimos el apoyo de excelentes jueces que veían en nosotros plasmadas ideas dispersas o difusas que podían encausar al sistema judicial en una reforma profunda. Pero también estaban los críticos a nuestra tarea, muchos de ellos también excelentes jueces y funcionarios, porque no nos otorgaban legitimidad para opinar o proponer reformas a la Justicia cuando proveníamos del campo de los abogados sin experiencia alguna dentro del Poder Judicial. Muchos de los que nos criticaban eran aquellos jueces con gran vocación y que juzgaban el sistema desde su propia experiencia de vida por lo que no admitían críticas considerándolas cuestionamientos injustos al sacrificio que todos los días hacían en sus juzgados o secretarías para brindar una justicia mejor.

El gobierno de entonces, apoyó con entusiasmo nuestra iniciativa. Estaban los de buena fe y otros, quienes veían en nosotros un grupo de jóvenes idealistas que les permitía ofrecer una imagen al exterior de preocupación por parte del Gobierno respecto al buen funcionamiento del sistema judicial y así, ocultar o desviar la mirada sobre el problema de la represión.

Pero al poco tiempo como nuestras críticas eran profundas y exigíamos del Gobierno una real preocupación por el Poder Judicial y la adopción de un plan general de reformas que habíamos redactado y presentado en el Ministerio de Justicia, comenzaron los enfrentamientos y fuimos dejado de lado como referentes en los temas de Justicia. Ninguno de nosotros tuvo puestos públicos a pesar que, en repetidas oportunidades nos fueron ofrecidos pero pusimos como condición la adopción de un plan general d reforma y ese mensaje no era comprendido.

Quizás nuestra juventud nos llevó a adoptar posturas extremas en algunos casos que fueron vistas como excesivamente duras o intransigentes. Quizás una mayor flexibilidad nos habría permitido obtener algunos resultados parciales. Pero, por otro lado, esa intransigencia le aseguro al FORES la coherencia en su mensaje que permitió su subsistencia hasta hoy.

Estas líneas son solo un resumen de nuestros primeros años que, a mi juicio, le dieron el carácter y la personalidad a la institución así como el respeto de que hoy goza.

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[1] Quizás el análisis mas completo y objetivo de esa época se encuentre en “Montoneros: The soldiers of Peron”, de .....Guillespie (hay edición en castellano de ed. Sudamericana)

[2] Ver Verviski ......“Ezeiza.....”

[3]  La postura del FORES respecto de este problema se encuentra en “Definitivamente Nunca Mas”...

[4]  Horacio M. Lynch, “La Reforma de la Justicia”, J.A.......

[5]  Horacio M. Lynch, ......, J.A.

[6]  El plan del FORES fue presentado en el año 1978 en el Ministerio de Justicia y luego publicado integralmente en el año 1993 por la Fundación del Banco de Boston