Ayudar al prójimo es una obligación de todo ser humano. En general se piensa en la ayuda directa a los pobres pero también puede interpretarse como ayudar a remover las causas (de la pobreza, de las enfermedades ...), Todas las formas de ayuda son válidas -no hay unas mejores que otras- pero parece que los más preparados, en la medida de lo posible, deberían aportar su experiencia para remover las causas. En este sentido fores es un apostolado. Pedimos el tiempo, la experiencia, y aún el sacrificio de personas preparadas (no todos lo entendían: muchos se nos acercaban por el prestigio que logramos, pero perdían el interés cuando advertían que no había más que trabajo). En ocasiones fuimos 'sospechosos' por que hacíamos algo por nada, sin ningún interés personal. Esto lamentablemente en la Argentina no es frecuente.
El cuerpo de profesores del PEA y de la EABA. Dejamos constancia de nuestro agradecimiento eterno a todo el cuerpo de profesores del PEA y luego de la EABA, que nunca cobraron sus clases, como donación de su tiempo. El PEA nunca se podría haber realizado si efectivamente hubiéramos debido abonar los honorarios de los profesores que siempre fueron abogados de primera calidad (más muchos integrantes del Poder Judicial).
(NOTA_ Algunos opinan que no puede pedírseles su tiempo a abogados muy ocupados. Y por eso sostienen que la solución es pagar 'investigadores' para que hagan el trabajo de los abogados 'muy ocupados'. Y si no hay plata no se puede hacer nada. Es como proponer por su prestigio personal a un profesional para integrar un tribunal de ética, y el elegido pretenda sustituirse con un asistente. Igualmente cuando pedíamos una o dos clases a grandes abogados la idea no era que nos mandaran a un junior o un asistente.
La preocupación - queda claro - la tuvimos más como ciudadanos que como abogados. Así nuestros Estatutos previeron la incorporación de simples ciudadanos y hasta de instituciones no especializadas. Aunque todos quienes la fundamos éramos abogados, desde el inicio sostuvimos que no debía ser una preocupación exclusiva de las personas e instituciones legales, pues el tema debe interesar y debe ser responsabildad de toda la ciudadanía.
fores nació con la idea de un think tank (mucho antes de que se popularizada esta expresión). No se pensaba en organizar una institución grande por la cantidad de asociados, sino grande por el trabajo coherente y persistente de un grupo compacto de personas con pasión por la justicia, basados más en el esfuerzo personal de sus asociados que en grandes recursos económicos. fores hizo más por nuestra Justicia que, por ejemplo, el Banco Mundial con grandes desembolsos.
No es exclusivamente un centro de investigaciones, pero tampoco sólo un grupo de influencia.
“(…) es un centro de estudios pero no se limita a la investigación teórica sino que quiere crear en todo el país un movimiento de opinión en torno al problema de la justicia; quiere producir un cambio de mentalidad en cuanto al tratamiento del problema … quiere constituir un movimiento de defensa para que nunca más la justicia pueda ser avasallada (…)”
En las investigaciones, desde el principio procuró focalizarse en la investigación empírica que prácticamente no existía en nuestro sistema judicial. Había hasta entonces había malos diagnósticos: se pensaba que el problema del mal funcionamiento de la Justicia era un problema reservado a los procesalistas. Nosotros sosteníamos que no era consecuencia de las leyes o de malos códigos (en todo caso no era lo principal), sino de diferentes enfoques, y distintas estructuras.
Teniamos claro que debía ser algo neutral, ajeno a todo interés corporativo. Entendimos que se justificaba la existencia de un grupo sin distinciones partidarias pero coincidentes en las ideas republicanas de la Constitución Nacional.Fuimos una ONG [organización no gubernamental] y una OSC [organización de la sociedad civil] antes de que existieran estos términos; un auténtico think tank [reservorio de ideas] antes de que se popularizara esta expresión. Empero nuestra acción no se debía quedarse en las investigaciones, sino impulsar la reforma judicial en la Argentina. La constituimos un grupo de abogados jóvenes que integrábamos la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que sentíamos la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en mejorar la justicia, como aporte a la recuperación del país. Al principio fuimos algo extraño: ¿qué pretenden, adónde apuntan? En Argentina no se entiende, lamentablemente, algo que se hace por el puro deseo de mejorar lo que funcionan mal. Así se nos atribuían intereses obscuros, del Gobierno Militar o de la CIA. Al final, luego de 50 años, creo que hoy -aunque continuamos siendo algo peculiar- ya se ha comprendido nuestra idea.
En fores siempre insistimos en mantener nuestra neutralidad e independencia, por lo que procuramos -especialmente en los primeros tiempos- generar nuestros propios recursos, mediante la organización de conferencias, de cursos, y con publicaciones; no depender de la ayuda económica de una sóla institución o persona, y evitando en lo posible la ayuda estatal.
El espíritu que nos animó a los fundadores fue concentrar a nuestro objeto de estudio como una de las grandes causas de la decadencia de la República, y no focalizarnos tanto, o no siempre, en las consecuencias.
Lo consignado en los puntos anteriores quedó bien sintetizado en el Estatuto, "Articulo 2°.- El fin esencial de la entidad que se constituye reside en bregar para mejorar nuestra administración de justicia. En miras a este objeta podrá: a) promover y patrocinar el. estudio de todos los temas vinculados a la administración de justicia; b) estudiar las soluciones tendientes a mejorar la situación actual; c) difundir en. la opinión pública y principalmente entre las autoridades y los dirigentes de nuestro país, la actual situación de nuestro sistema judicial, junto con las reformas que se estimen necesarias para mejorar su funcionamiento; d) canalizar los esfuerzos personales y la ayuda económica que pudiera obtenerse para estos fines y e) preparar y presentar un proyecto integral de reformas al sistema judicial. Para el cumplimiento de los fines enunciados la entidad podrá, entre otras cosas (a/1) realizar, por si y/o a través de terceros, patrocinar y/o publicar trabajos científicos, así como también difundir bibliografía sobre el tema; (b/1)suscitar interés por el problema y otorgar difusión a las conclusiones y reformas aconsejadas; organizando conferencias, cursos, concursos, y todo tipo de expresiones similares, inclusive proponiendo notas periodísticas (c/1) promover, obtener y otorgar becas para realizar estudios, analizar otros sistemas judiciales y obtener experiencias de perfeccionamiento en el exterior del país; (d/1) dedicará especial atención a la organización de cursos de enseñanza sobre distintos aspectos de la administración de justicia; (e/1) colaborará con los colegios y asociaciones de magistrados y profesionales en los temas vinculados ,así como también con universidades, instituciones e inclusive con las autoridades del país y del extranjero; (f/1) recabará y administrará fondos destinados a estos fines las enunciaciones precedentes no son taxativas y pueden ser completadas con cualquier otra actividad conexa o similar a las mencionadas. Para el cumplimiento de estos objetivos la entidad se basará principalmente en la labor de sus socios, pero estará especialmente facultada para la contratación de los expertos que sean necesarios pagando la remuneración correspondiente".
Como se ve, el Estatuto pregona por el trabajo personal de los asociados sin descartar, empero, acudir a ciertas tareas remuneradas o requerir aportes de investigadores – asociados o no – para colaborar. Por ello en estas casi cinco décadas, y muy especialmente en las tres primeras, pudimos desarrollar una acción notable en relación con los pocos recursos que tuvimos.
Otra peculiaridad de lo que buscamos para la Justicia es su asepsia en lo ideológico. Esto abarca tanto las posiciones políticas como otras ideologías de moda, como las de género, la de protección al medio ambiente. Consideramos que una Justicia idelógicamente inclinada deja de ser justicia. La verdadera justicia debe saber equilibrar las desigualdades cuando correspondan.
GÉNESIS DEL FORES
Entorno institucional.
El FORES fue fundado por un grupo de jóvenes abogados en el año 1976 con el propósito de bregar por el mejoramiento de nuestro sistema judicial mediante la adopción de un plan de reformas integral que supere los intentos que, hasta ese año, se habían realizado limitados a la modificación de las leyes procesales, el aumento de órganos judiciales o la modificación de competencias. Pensábamos que nuestra Justicia requería un cambio profundo para evitar que, poco a poco, perdiera la confianza de la ciudadanía y dejara de ser una institución idónea para solucionar los conflictos. Además, considerábamos que el Poder Judicial, si bien tenía en esa época prestigio y calidad doctrinaria, tradicionalmente no había cumplido el papel que la Constitución le reservaba como Poder del Estado destinado a controlar el funcionamiento del Ejecutivo y el Legislativo. Ya desde esa época considerábamos que existía una falencia importante en este aspecto lo cual, según nuestro modo de pensar, tenía alguna responsabilidad en la crónica inestabilidad política que aquejaba a la Argentina desde 1930 en adelante.
Conviene echar una mirada a la situación que vivía el país por entonces. En marzo de 1976 se había producido el golpe militar que destituyo a la presidente de la Nación la Sra. Maria Estela Martínez de Perón. Nuevamente se vivía la frustración del fracaso de las instituciones republicanas que desembocó en la toma del poder por las Fuerzas Armadas. El fenómeno no era nuevo ni impredecible. Tampoco ocurrió como una asonada exclusivamente militar sino que fue apoyado y consentido por los distintos sectores políticos y sociales. Las Fuerzas Armadas se instalaron en el Poder sin resistencia alguna de sectores civiles ni manifestaciones que pudieran hacer pensar en un golpe de Estado sorpresivo o impopular.
No fue un fenómeno diferente en su génesis a la serie de revoluciones militares triunfantes ocurridas desde 1930 hasta ese año 1976. Antes del primero de esos años y desde la época de la organización nacional cada etapa institucional signada por el cambio del gobierno o la crisis social o económica del sistema, había sido acompañada por asonadas o levantamientos cívico militares siempre derrotados aunque dejaban sus secuelas. Estas reacciones contra las instituciones desgraciadamente formaban parte de nuestras costumbres políticas como en otros países de Latino América que contribuían a degradar nuestras instituciones.
Pero el golpe militar de 1976 tuvo un ingrediente decisivo cuyas secuelas todavía no han sido superadas: la violencia armada instalada en la Argentina desde fines de la década del sesenta y que había persistido durante los seis años anteriores al golpe militar.
Es una tarea compleja y delicada intentar describir las causas del fenómeno de la violencia en la Argentina sin dejarse llevar por posturas ideológicas o perder la necesaria objetividad para realizar un juicio de valor ecuánime.
Sin duda en la Argentina de entonces había causas para la rebeldía. Desde el golpe triunfante ocurrido en 1930 la calidad institucional se fue degradando poco a poco. Primero mediante el fraude electoral, luego por la demagogia populista y la dictadura, para desembocar en la proscripción del peronismo y en un estado de rebelión latente de las Fuerzas Armadas propiciada siempre por sectores civiles que veían en ellas la forma de acceder al poder cuando los resultados electorales u otras circunstancias se lo impedían. Todos los sectores sociales y partidos políticos en alguna etapa conspiraron e incitaron a las Fuerzas Armadas a tomar el Poder colaborando con sus hombres en los gobiernos instalados por éstas. El golpe militar de 1976 no fue una excepción ya que se produjo luego que fracasaron todos los intentos de encontrar una salida institucional, entre ellos la promoción del juicio político contra la presidente, propiciado por un sector disidente del peronismo pero que no contó con el apoyo en la Cámara de Diputados ni de los legisladores del oficialismo ni la oposición.
No obstante, el ingrediente de la violencia armada presagiaba épocas difíciles y dolorosas. Las organizaciones terroristas de izquierda eran las principales protagonistas de una escalada violenta que, luego de un período de preparación signada por diversos operativos tendientes a apoderarse de armamento y recursos económicos para su lucha, protagonizaron episodios cruentos y golpes de mano que aumentaron su importancia con el correr de los años. El secuestro del General Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en mayo de 1969, fue quizás el punta pié inicial de este proceso y el bautismo de fuego de la organización Montoneros, representativa de la izquierda peronista a la cual convergieron diversas agrupaciones menores que preconizaban la resistencia armada y que, en ese entonces, eran apoyadas por el General Perón desde el exilio y por una amplio sector de su partido. No hubo una reacción clara y terminante contra estos episodios ni tampoco una condena al accionar delictivo de estas agrupaciones que reivindicaban sus hechos como episodios legítimos enmarcados en el derecho a la resistencia a la opresión. Junto a las organizaciones armadas del peronismo se encontraban las provenientes de la izquierda marxista, como el ERP que, además de ser participes en la guerrilla urbana caracterizada por secuestros, asesinatos y actos terroristas tendientes a sembrar el miedo y la desesperación respecto de las soluciones legales, llevaron adelante copamientos de territorios en la Provincia del Tucumán siguiendo la táctica del “foco” propiciada por el Che Guevara, según la cual el triunfo vendría asegurando la subversión en un territorio delimitado que permitiera crear un estado revolucionario a fin de lograr luego el reconocimiento internacional como beligerantes.[1]
Dentro del peronismo, la reacción violenta de la extrema derecho no se hizo esperar. Frente a los ataques de los montoneros a sindicalistas y políticos tildados de traidores, aparecieron organizaciones terroristas de derecha que devolvían golpe por golpe. El final del gobierno militar del general Lanusse, que buscaba una salida democrática transcurrió regado por la sangre de empresarios, militares, policías, políticos, empresarios, sindicalistas y guerrilleros de todas las tendencias. No obstante, en ese período se realizó el último intento de combatir la violencia terrorista por medio de la ley. A instancias del entonces Ministro de Justicia Jaques Perriaux, se creó la Cámara Federal y se dictó una ley procesal penal tendiente a facilitar la investigación de los delitos subversivos y el juzgamiento de los mismos asegurando la garantía del debido proceso a los imputados. Este Tribunal de Justicia actuó con imparcialidad y eficacia lográndose, al promediar el año 1972, haber esclarecido numerosos hechos delictivos en virtud de los cuales los principales cabecillas de las organizaciones terroristas se encontraban condenados a prisión.
Pero la radicalización política y el fracaso del gobierno de entonces llevaron al triunfo electoral del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) donde convergían los partidos populares de centro izquierda y las distintas expresiones de la lucha armada enquistadas en el movimiento peronista. En 1973 asumió el poder el candidato de esta fracción y sus primeros actos fueron dictar una ley de amnistía amplia, la disolución de la Cámara Federal y una ley de jubilaciones para magistrados y funcionarios de la Justicia que, junto con la amenaza de quebrar la estabilidad de los jueces mediante la caducidad de los acuerdos senatoriales y la negativa a prestarlos a quienes habían sido nombrados durante el período 1966-1973, permitió un vaciamiento de la Justicia que derivó en una verdadera impunidad respecto a todo acto delictivo que tuviera una motivación política directa o indirecta.
Las organizaciones terroristas no depusieron las armas a pesar de haberse instaurado un gobierno democrático. Continuaron los asesinatos y secuestros extorsivos. Murieron bajo las balas jueces probos como Quiroga y otros como Munilla Lacasa pudieron escapar y debieron exiliarse voluntariamente ante las amenazas y la impunidad.
El enfrentamiento cruento entre la izquierda y la derecha peronista fue desembozado y directo. La muestra final de esta guerra sin cuartel se vivió en los bosques de Ezeiza cuando volvía al país el General Perón. Una horrible matanza se produjo en las inmediaciones del palco oficial, donde elementos fuertemente armados que integraban organizaciones para policiales hicieron fuego sobre las columnas de las organizaciones especiales peronistas y de izquierda cuyos miembros concurrieron armados y dispuestos a batirse contra quienes ahora eran sus enemigos aunque compartían los cuadros del gobierno popular elegido en marzo de 1973[2]. Posteriormente, luego de la asunción del General Perón como presidente de la Nación, en septiembre de ese año, la ruptura del líder con las organizaciones que él mismo había propiciado desembocó en el anunció de la vuelta a la clandestinidad y a la lucha que se desarrolló con toda virulencia durante el gobierno de Isabel Perón. Desde el gobierno, la lucha no se canalizó por las vías legales sino que se llevó adelante mediante la actuación de organizaciones sindicales armadas o grupos para policiales como las tristemente celebres “tres A” que respondían al Ministro de Bienestar Social José López Rega.
Los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad eran uno de los principales objetivos de las organizaciones terroristas, aparte de los empresarios víctimas de secuestros extorsivos tendientes a recaudar fondos para continuar la lucha armada. Mientras tanto, la selva tucumana era testigo de una lucha armada directa entre el Ejército y las formaciones del ERP que habían asegurado el dominio sobre parte de la Provincia, donde exigían el pago de peaje y contribuciones a los habitantes de la zona.
En ese contexto se produjo el golpe militar de 1976. Las Fuerzas Armadas, obnubiladas por la situación que se vivía, equivocaron el camino y resolvieron combatir al terrorismo con los mismos medios. La ciudadanía quería y esperaba una solución del problema. Deseaba acabar con la inseguridad reinante por lo que, si bien no estaba totalmente enterada de los medios que se utilizaban en esa guerra fratricida, adoptó una postura prescindente esperando la pronta solución al problema.[3]
La destrucción de las vías legales de represión, la justificación a hechos claramente delictivos mediante la amnistía y la proliferación de organizaciones armadas que respondían a diferentes ideologías de izquierda y derecha, alimentaron la espiral del odio y la violencia que tuvieron su broche final en el período 1976-1979 cuando se resolvió aniquilar la guerrilla sin miramientos y fuera de la legalidad.
En ese contexto difícil, nació el FORES.
2. Qué nos unió a los fundadores
Quienes fundamos el FORES, en el año 1976 teníamos entre 25 y 32 años. No habíamos participado en el golpe militar ni ocupamos cargos públicos durante el denominado Proceso. Nos tocó actuar en esa época y procuramos realizar nuestro aporte para que la Argentina se reencauce por los caminos republicanos mediante el afianzamiento de sus instituciones. Ese era el objetivo que, en los papeles, proclamaba el gobierno militar.
Un análisis de la situación nos llevó al convencimiento de que el abandono de las vías legales producido en 1973 mediante la ley de amnistía y el vaciamiento de la Justicia, era la causa principal de lo que estaba ocurriendo. Pensábamos también, que nuestra Justicia antes de ese año tenía graves falencias cuyo efecto era la indiferencia de la ciudadanía respecto de su actuación, el desequilibrio de poderes y la constante inestabilidad y anomia frente a la ley. Éramos conscientes que teníamos excelentes jueces y funcionarios probos, pero esto no bastaba. La crónica inestabilidad del Poder Judicial y su sometimiento a los vaivenes políticos impedía que pudiera cumplir su papel dentro del equilibrio de Poderes querido por nuestra Constitucional dentro de un mecanismo de frenos y contrapesos en donde la Justicia pone el fiel de la balanza y la postura moderada frente a las pasiones propias de las luchas ideológicas y de partidos.
Veíamos que una Justicia con cierto grado de ineficiencia no estaba en condiciones tampoco de cumplir acabadamente con su rol de órgano de solución de conflictos, porque no tenía los medios necesarios para enfrentar los desafíos de la modernidad que ya estaba instalada.
A su vez, como hombres de Derecho, asumíamos la cuota de responsabilidad que nos cabía en esa situación. Considerábamos que el sistema judicial no se agotaba en los jueces y funcionarios sino que también estaba integrado por los abogados quienes debían cumplir su función de filtro, de primer juez de los asuntos que sus clientes le acercaban, permitiendo el buen funcionamiento del sistema. En este sentido considerábamos que las falencias de formación de los abogados y el exceso en su número agregaban una causa mas, y muy importante, en el paulatino deterioro de nuestra Justicia y su imagen frente a la ciudadanía.
Pensábamos también que había que instalar el tema de la Justicia entre las preocupaciones ciudadanas. Es así que predicábamos que los problemas del sistema judicial no eran estrictamente técnicos ni debían estar exclusivamente en manos de los hombres de derecho. Había que interesar a la ciudadanía y realizar un trabajo interdisciplinario para llevar adelante una reforma integral que nunca se había encarado.
3. Un plan integral de Reforma Judicial
El FORES nació con una idea fuerza a la cual dedicaba entonces y sigue dedicando sus mejores esfuerzos: la necesidad de adoptar un plan general de reforma judicial que supere los intentos aislados y estériles que habían sido moneda corriente en el campo de la administración de justicia.
Observamos en el año de nuestra fundación que el mejoramiento del sistema judicial tradicionalmente se había intentado por tres caminos: a) las reformas a los Códigos Procesales; b) el aumento de órganos judiciales en forma anárquica y sin objetivos claros cuando se incrementaba el trabajo de algún fuero (sin analizar las causas de ese incremento de tareas); c) la redistribución de competencias para aligerar algunos juzgados en detrimento de otros. Estas soluciones habían fracasado, a nuestro juicio, porque no respondían a un plan armónico e integral de reforma.
En el año 1976 Horacio M. Lynch escribió un artículo sobre las necesarias reformas al sistema judicial en la revista Jurisprudencia Argentina en el cual describió en forma sucinta pero completa los problemas de nuestra Justicia y las medidas que deberían tomarse para remediarlas.[4] Estas ideas fueron la base del posterior desarrollo del FORES en sus distintas publicaciones. Además constituyeron los planteos que luego fueron sometidos a discusión en la Primera y Segunda Conferencia sobre la Reforma Judicial realizadas en los años 1977 y 1978. Posteriormente el Dr. Lynch escribió otro artículo en la misma revista referido a la situación de la abogacía que complementaba las ideas del plan de reforma en el capítulo dedicado a esta profesión como punto indispensable en el plan de reformas[5].
El término Reforma Judicial, hoy tan en boga, fue acuñado por nuestra institución para designar un movimiento que buscara plantear y atacar todos los problemas que aquejan al sistema judicial mediante una serie de medidas armónicas, porque considerábamos y seguimos sosteniendo, que existe una clara y real interconexión entre ellos que imponen soluciones armónicas. Un ejemplo de ello fueron las reformas procesales: se habían dictado Códigos de Procedimientos que recogían la más moderna doctrina y que, en los papeles, indicaban que nuestros juicios deberían durar poco tiempo. Incluso había Códigos que imponían la oralidad en determinados asuntos, como los laborales o los derivados de la responsabilidad civil en la Provincia de Buenos Aires. No obstante, la realidad era muy diferente; a pesar de las reformas procesales los pleitos seguían tramitándose como a principios de siglo y en aquellas experiencias puntuales de oralidad los procedimientos eran mucho más lentos que los escritos o, incluso, terminaban tramitándose en forma escrita.
Acometimos la tarea de elaborar ese plan integral que hoy es bien conocido y que es utilizado –muchas veces sin criterios precisos- para proponer medidas parciales. Este plan se desarrolló sobre la base de tres aspectos o campos fundamentales: a) el humano; b) el administrativo funcional; c) el institucional, proponiendo medidas de corto, mediano y largo plazo en cada uno de ellos. Es materia de otro capítulo el desarrollo de estas ideas y la forma en que fueron presentándose mediante conferencias, reuniones y publicaciones, por lo que no abundaré ahora sobre el tema. Solo quiero resaltar que en el año 1979 ese abordaje era novedoso y, muchas veces, incomprendido[6].
4. La reacción del ambiente ante la actuación del FORES
Quienes fundamos el FORES, en 1979 éramos jóvenes. Teníamos una experiencia profesional de pocos años, pero habíamos recorrido ese corto camino con un espíritu crítico que nos llevó a replantear ideas que estaban muy arraigadas en los operadores del Derecho.
Éramos también excesivamente idealistas. Pensábamos que lo que decíamos era tan obvio que recibiría rápidamente el apoyo de todos los sectores. No contábamos con que la empresa que nos habíamos propuesto solo era posible luego de un profundo cambio cultural y eso no se logra en poco tiempo.
Desde la Justicia tuvimos el apoyo de excelentes jueces que veían en nosotros plasmadas ideas dispersas o difusas que podían encausar al sistema judicial en una reforma profunda. Pero también estaban los críticos a nuestra tarea, muchos de ellos también excelentes jueces y funcionarios, porque no nos otorgaban legitimidad para opinar o proponer reformas a la Justicia cuando proveníamos del campo de los abogados sin experiencia alguna dentro del Poder Judicial. Muchos de los que nos criticaban eran aquellos jueces con gran vocación y que juzgaban el sistema desde su propia experiencia de vida por lo que no admitían críticas considerándolas cuestionamientos injustos al sacrificio que todos los días hacían en sus juzgados o secretarías para brindar una justicia mejor.
El gobierno de entonces, apoyó con entusiasmo nuestra iniciativa. Estaban los de buena fe y otros, quienes veían en nosotros un grupo de jóvenes idealistas que les permitía ofrecer una imagen al exterior de preocupación por parte del Gobierno respecto al buen funcionamiento del sistema judicial y así, ocultar o desviar la mirada sobre el problema de la represión.
Pero al poco tiempo como nuestras críticas eran profundas y exigíamos del Gobierno una real preocupación por el Poder Judicial y la adopción de un plan general de reformas que habíamos redactado y presentado en el Ministerio de Justicia, comenzaron los enfrentamientos y fuimos dejado de lado como referentes en los temas de Justicia. Ninguno de nosotros tuvo puestos públicos a pesar que, en repetidas oportunidades nos fueron ofrecidos pero pusimos como condición la adopción de un plan general d reforma y ese mensaje no era comprendido.
Quizás nuestra juventud nos llevó a adoptar posturas extremas en algunos casos que fueron vistas como excesivamente duras o intransigentes. Quizás una mayor flexibilidad nos habría permitido obtener algunos resultados parciales. Pero, por otro lado, esa intransigencia le aseguro al FORES la coherencia en su mensaje que permitió su subsistencia hasta hoy.
Estas líneas son solo un resumen de nuestros primeros años que, a mi juicio, le dieron el carácter y la personalidad a la institución así como el respeto de que hoy goza.
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[1] Quizás el análisis mas completo y objetivo de esa época se encuentre en “Montoneros: The soldiers of Peron”, de .....Guillespie (hay edición en castellano de ed. Sudamericana)
[2] Ver Verviski ......“Ezeiza.....”
[3] La postura del FORES respecto de este problema se encuentra en “Definitivamente Nunca Mas”...
[4] Horacio M. Lynch, “La Reforma de la Justicia”, J.A.......
[5] Horacio M. Lynch, ......, J.A.
[6] El plan del FORES fue presentado en el año 1978 en el Ministerio de Justicia y luego publicado integralmente en el año 1993 por la Fundación del Banco de Boston